EL impacto en las empresas empieza a sentirse en forma importante por gastos en equipos, por pago de protección al hampa o por contratación de empresas de seguridad. Y es tal el reflejo de la situación en la vida económica del país, que los índices de violencia y delincuencia generalizada, si llegan a doblarse, pueden perfectamente incidir en la baja de 1 p.p. en la tasa de crecimiento económico nacional, según advertencia del Banco Mundial.

De hecho, todo costarricense conoce a un familiar, un amigo o él mismo ha sido víctima del hampa. Algunas regiones del país, según datos oficiales, experimentan tasas del 50% de delincuencia, esto es, la mitad de la población ha sido víctima de algún hecho delictivo.

REALIDAD Y NO PERCEPCIÓN

En el primer semestre del presente año la cantidad de homicidios dolosos llega a casi uno diario. A marzo último ya se contabilizaban 86. De ellos, el 51% se cometieron en San José. Si se comparan los números de homicidios dolosos en el primer trimestre de los últimos años, el 2008 proyecta ser uno de los más violentos ya que únicamente es superado por el año 2005, cuando se registraron 94 incidentes de este tipo en igual periodo y para el cual la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes alcanzó su máximo registro de 7.81%.

Lo confirma la Vicepresidenta de la República Licda. Laura Chinchilla cuando admite que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes se duplicó entre 1990 y el último año. Es más, de tener la tasa más baja en las Américas en el 90, que fue de 5 por cada 100 mil habitantes, ahora la funcionaria teme que para este año se llegue a 10 por cada 100 mil habitantes. Este dato, en términos de las mediciones que hace la Organización Mundial de la Salud, OMS, es una epidemia.

Por su incidencia en la vida económica del país, el Banco Mundial se ha ocupado de establecer, contundentemente, que la delincuencia y la violencia son temas concernientes a desarrollo. Es un factor negativo en el clima de inversiones de un país, desalienta a las empresas que desean invertir e incrementa sus costos.

Es lógico. Los actos delictivos van contra la infraestructura, contra funcionarios y empleados y también incrementa los bienes y servicios ante la necesidad de incurrir en costosas medidas de seguridad.

Hoy en día la tasa de delincuencia en Costa Rica sigue siendo menor que en el resto de Centroamérica pero el riesgo a futuro inmediato para este país es real. Cuando ya las cosas se salgan de las manos, difícilmente se podrá recoger el daño en la imagen, las inversiones, los costos de producción e incluso el empleo, opinan los expertos que ampliamente debatieron el tema en el INCAE alrededor de conocedores del poderes públicos, diputados, académicos y Banco Mundial. Precisamente como representante de este alto organismo, el Dr. Gabriel Demombynes ofreció datos dignos de reflexión. La entidad financiera no posee datos más allá del 2005, de ahí que lo acontecido entre entonces y hoy deba haber engrosado considerablemente los registros.

Los estudios de la entidad consideran no solo la cantidad de firmas víctimas sino en la magnitud de las pérdidas, que mide como porcentaje de las ventas para una empresa. Lo que dice esta información es que las empresas de Costa Rica son víctimas de delito y, aunque no presenta pérdidas tan graves e importantes como en el resto de la región, experimentan un fenómeno real.

Por tipo de empresas, mediana, pequeña y grande, las pequeñas sufren menos eventos por parte de la delincuencia, pero sus pérdidas son muchísimos más altas en términos de porcentaje de ventas. Esto, sostiene Demombynes, es muy preocupante porque las microempresas, que pueden ser una salida de la pobreza para sectores de bajos recursos, resultan ser las más vulnerables. Las grandes firmas pueden sufrir y recuperarse pero para la microempresas puede significar la destrucción total de su negocios, el cierre definitivo y la pobreza.

Y no solo es un problema de cerrar. También puede ser un asunto de no atreverse a crecer, de extrema cautela. El Banco Mundial encontró, en los datos de tres años atrás, que el 28% de las empresas en Costa Rica se siente restringidas por la delincuencia. Ese porcentaje hoy día puede resultar mucho mayor.

Los robos de vehículos y motocicletas contabilizados en el presente año suman, hasta abril, 218 solamente en la capital, donde un 47% muestran algún grado de violencia. El número de hurtos en un mes promedio 2008 en San José alcanza fácilmente los 226 casos.

Todo esto indica que los 5.719 casos de asaltos con arma de fuego en el 2007 podrían llegar a palidecer al comparase con las cifras que proyecta el presente año y que no parecen encontrar un freno inmediato. A partir de estos hechos, es claro que la seguridad ciudadana en nuestro país se ha deteriorado en grado sumo y hoy en día el salir a la calle y aún permanecer en el hogar, representa estar en alerta constante.

CÓMO HACER FRENTE

La simple inversión en policías, patrullas, cárceles etc. no acaba con el problema, confirman los expertos. Simplemente son medidas de corto plazo que no atacan la raíz de las dificultades en cuanto a seguridad ciudadana.

La problemática incluye la complicación de espacio en las cárceles de nuestro país que podría resolverse de dos maneras: ampliando los centros de reclusión o invirtiendo en una política de prevención para que las personas no terminen en una prisión; la segunda opción, sin embargo, implica una visión de mediano a largo plazo y contempla invertir sabiamente en múltiples aspectos e involucrar en forma multidisciplinaria al Estado y a la sociedad, de modo que a mediano plazo disminuyan los índices de inseguridad y violencia.

PERCEPCIONES

Los orígenes de las expresiones violentas van desde lo cultural hasta lo económico, y es en esto último que se hace énfasis debido a la posibilidad de cuantificar las variables para poder atacar el problema.

El análisis de la (in)seguridad ciudadana desde un punto de vista económico plantea una serie de retos que van desde encontrar un vínculo directo entre seguridad y economía hasta las fuentes estadísticas que permitan descubrir verdaderamente la situación de Costa Rica en materia de violencia y delincuencia.

Existen aspectos que van más allá de los fríos números estadísticos de homicidios dolosos, robo de vehículos (bajonazos) o violaciones. Un amplio debate se suscitó a partir de las declaraciones que la Ministra de Seguridad Pública, Jeannina del Vecchio emitió al iniciar su gestión. En ese momento se planteó el sentimiento de inseguridad percibido como factor que magnificaría la inseguridad ciudadana. La expresión de este sentimiento de (in)seguridad radica tanto en experiencias propias de cada persona, como en lo transmitido por otras personas y el testimonio diario de los medios de comunicación. Por ende, los hechos violentos y sucesos expuestos en noticieros, diarios y otros, calan profundamente en la opinión y en la percepción del ciudadano respecto a la inseguridad puesto que es testigo privilegiado de cuanto ve, escucha, lee y vive diariamente.

El último estudio realizado por la PNUD sobre (in)seguridad ciudadana en Costa Rica intitulado “Venciendo el temor. (In) seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano” revela que el medio escrito dedicaba hace un par de años un 13% de su espacio a secciones de sucesos y que los medios televisivos destinaban un 24%. Hoy puede ser mucho más en razón del creciente número de eventos que se reportan. Esto último cobra más relevancia debido a que las personas dedican 6,3 horas diarias a ver televisión y que esas noticias de sucesos reales y diarios presentan un 19% de temas relacionados con homicidios, mientras que en medios escritos esta relación es del 27%. En suma, el ciudadano se mantiene expuesto a la realidad diaria de los temas violentos que aumentan el muy fundado sentimiento de inseguridad.

Precisamente como final de debate, el primero de mayo, en su Informe ante la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República Dr. Oscar Arias ponía las cosas en su justa dimensión al verse obligado a confirmar que la percepción tenía base en la realidad.

LO MEDIBLE

Diversos estudios señalan la relación que puede existir entre los índices de violencia y ciertas variables socioeconómicas como lo son pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza, todo esto en relación con el crecimiento económico nacional y cómo éste incide en la ciudadanía, sin ser estos los únicos. Conexión entre crimen organizado y delincuencia común, regionalización del delito con conexiones internacionales son otros elementos.

En lo que respecta a indicadores de inseguridad y violencia en Costa Rica, los datos tienen ciertas particularidades, sobre todo en lo que respecta a hurtos y robos, haciendo que su evolución no dependa exclusivamente de situaciones sociales, económicas, culturales o urbanísticas.

En primer lugar, los datos que se manejan en torno a delitos son solamente los hurtos y robos denunciados, lo cual supone que un buen número de casos no se contabiliza. En segundo lugar existe un grado interpretativo de registro de la denuncia ya que el funcionario decide cómo clasificar la denuncia que formula la víctima. Finalmente, los cambios de metodología a través del tiempo hacen que la comparación de las cifras sea condicionada. Por ejemplo, en 1995 el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) tomó la decisión de procesar sólo aquellas denuncias por robo o hurto que impliquen más de un salario mínimo. Ese salario mínimo hoy en día se ubica en mucho más de 120 mil colones y aumenta semestre a semestre; por ende, en este año, a nivel estadístico, se registra un fuerte descenso en la tasa de delincuencia porque los otros eventos se registran como contravenciones.

Para establecer una relación causal entre estas variables económicas y la inseguridad ciudadana se escogió las tasas de homicidios dolosos y las tasas de delincuencia, esta última conformada por hurtos y robos, como exponentes de las variaciones en la (in)seguridad. Mientras que la parte socioeconómica se recurre a la incidencia de la pobreza, el porcentaje de familias que están por debajo de la línea de pobreza, incidencia de la pobreza extrema, el coeficiente de Theil y el índice Gini para la medición de la desigualdad y el PIB per capita y el ingreso nacional bruto disponible para la cuantificación del crecimiento económico.

MEDICIÓN DE LOS FACTORES

De acuerdo con las mediciones, el crecimiento en los índices de pobreza no tiene una relación positiva ni con las tasas de homicidio ni con las de delincuencia. Los coeficientes de correlación hacen ver que no existe evidencia para creer que los estancamientos o crecimientos en los índices de pobreza están ligados con problemas de seguridad.

La situación más interesante se muestra a la hora de analizar la desigualdad. Al examinar las correlaciones entre la desigualdad y las tasas de homicidios y delitos se logra observar un comportamiento desigual. Para la relación de tasa de homicidios con desigualdad (medida por el coeficiente de Gini y el índice de Theil) la relación es directa; se presenta un 0.65 para Gini y un 0.62 para Theil, lo que indica que aumentos en la desigualdad van acompañados con aumentos en homicidios. Sin embargo, a la hora de hacer el mismo ejercicio para la tasa de delincuencia (hurtos y robos) dicha relación es inversa, pero lo más importante presenta debilidad con registros de -0.27 para Gini y -0.24 para Theil.

Para asegurar que el resultado del periodo 1987-2007 no tenía inconsistencia, se decidió relacionar las variables en dos tramos, 1987-1994 y 1995- 2007 llegando a la misma conclusión y reforzando el hecho de la poca relación entre estas dos variables.

Se concluye que la disminución de la inseguridad ciudadana en el largo plazo debería incorporar medidas diversas e integrales. Disminuir la desigualdad conllevaría, teóricamente, a una bajar la tasa de homicidios dolosos; no obstante, el problema de la delincuencia de robos y hurtos obedece a otro tipo de variables que pueden ser del mismo orden socioeconómico o estar presentes dentro de otros factores detonantes de la inseguridad como es la creciente tasa de urbanismo, deficiente educación, migraciones, alto crecimiento de la población, desintegración familiar, indigencia, juventud sin educación, barriadas marginadas, etc.

EL GASTO EN SEGURIDAD

El aumento en los índices de inseguridad ciudadana conlleva a un engrosamiento en el gasto por parte del estado. El 4% del PIB se usa para cubrir los costos de la delincuencia en Costa Rica, según versión de la Vicepresidenta de la República Laura Chinchilla.

Si se atiende la atención en el gasto efectivo por medio de los egresos del Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y el Ministerio de Gobernación y Policía, al año 2007 el crecimiento de gasto en seguridad responde a una tasa de crecimiento anual promedio de 6.03%. Se contabiliza un cambio de 64.7% entre el 2004 y el 2007, pasando de 121.128,6 millones de colones en el 2004 a 199.605 millones para el año pasado en lo que se refiere a presupuesto ejecutado.

Pese a estos aumentos, los índices y estadísticas de violencia también lo hacen. Los asaltos con arma de fuego continúan aumentando año con año al igual que los asaltos en viviendas; para enero del 2008, solo en San José, se registraron 126 casos debidamente reportados.

Si se contrastan los hechos delictivos con las estadísticas de gasto por habitante salta a la vista que algo no está surtiendo efecto. Y no solo el gasto del estado por habitantes sino también el del habitante mismo en el afán de protegerse: 30 mil colones por año por habitante.

LAS LEYES: ¿ESTAMOS ATADOS DE MANOS?

Al examinar los números relativos de casos resueltos por denuncias a raíz de algún acto delictivo, la estadísitica muestra menos condenas por denuncias por robos a partir de 1998; además, el porcentaje de casos sin condenas en denuncias por homicidios culposos sigue rondando el 90%. Todo esto se da en medio de un sentimiento de impotencia porque los delincuentes son liberados en cuestión de horas aunque sean reincidentes porque sus faltas son tipificadas como contravenciones. El presidente de la Judicatura, Máster Abel Jiménez, insiste en que solo el cambio de legislación podrá hacer que los jueces cambien las decisiones en torno a detención y medidas cautelares en los casos de contraventores que han robado, por ejemplo, un celular o una billetera con ¢100.000.

Con la corrección de aquellas leyes que ayudan al delincuente y que lesionan los derechos de las víctimas estaría cerrado el círculo de medidas de corto plazo. Este último punto (lo legal) haría mucho más eficaz el accionar de los policías y jueces en nuestro país, y significaría un mensaje claro para aquellos que piensan violar la ley.

La comparación en cobertura policial posiciona a Costa Rica como uno de los primeros países en Centroamérica, lo cual no significa que los resultados se pueden calificar como buenos. Esto representa que la situación actual permite crear un espacio para mejorar la seguridad en nuestro país ya que no se debe de esperar tener índices de violencia de dos dígitos para tomar las medidas pertinentes. Segundo, que Costa Rica está rodeado de mucha violencia, situación que puede comprometer la seguridad del país en la medida que no se refuerce aspectos migratorios y fronterizos .

Tolerancia cero a la delincuencia

“El Estado está obligado a garantizar la seguridad en su territorio; la protección de sus ciudadanos frente a la delincuencia, la defensa de la propiedad privada y la seguridad de los inversionistas”.

El punto de vista de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCCAEP, es tajante: profesionalización de los cuerpos policiales, más efectivos, y política de cero tolerancia. Esto en lo que toca al Poder Ejecutivo pero también consideran imperativo “mejorar la coordinación entre la policía y Poder Judicial para evitar la liberación de delincuentes por asuntos de procedimiento”.

La propuesta empresarial incluye modificar la legislación actual para aumentar también la seguridad en las transacciones registrales mediante exigencia de huella digital en procesos de inscripción y traspaso de propiedades, crear un registro fotográfico de propiedades, y poner especial atención al crimen organizado que es ya, en estos momentos, una desventaja para la inversión en Costa Rica.

El país aparece en el puesto 108 de 131 naciones enlistadas en el informe de competitividad sobre costo empresarial para evitar crímenes y violencia realizado por el Foro Económico Mundial.