Por Nora Ruiz
15 de diciembre del 2009
Diputados de Costa Rica y futuros diputados a partir de mayo 2010 han asumido en Costa Rica, junto a parlamentarios de diez países de América, un compromiso en torno a la reducción de riesgos de desastre y cambio climático para tornarlo un concepto prioritario en sus agendas.
La decisión cobra especial relevancia cuando contabilizamos el número de vidas arrebatadas por los desastres naturales- inundaciones, tormentas, terremotos,- que nuestro país experimenta cada año, y que se multiplican en Centroamérica y en el mundo.
La extraordinaria vulnerabilidad que nos aqueja hace indispensable una atención precisa y una toma de posición desde el poder político tanto Ejecutivo como parlamentario y hace indispensable que los candidatos y candidatas presidenciales conozcan a fondo estos temas que la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas está manejando internacionalmente.
Las amenazas a la seguridad humana, a la estabilidad social de nuestras naciones y continente y al desarrollo sostenible a que todos aspiramos, así como el impacto económico personal, colectivo y nacional es razón suficiente para convertir el tema en prioridad.
Ya tenemos probado que el Cambio Climático y el impacto del calentamiento global que se deriva de él tiene una relación directa y grave en cuanto a la frecuencia e intensidad de los desastres que cada vez con más periodicidad golpean a nuestras poblaciones.
Es tarea de los conductores del país tener al día las leyes, gestar iniciativas, garantizar presupuestos para mitigar el impacto de las fuerzas de la naturaleza y levantar enseguida a los sectores afectados.
Aquí no hay color político alguno y no debe haberlo jamás en este tema que es universal.
El terremoto de Cinchona de enero fue una ocasión para “probar” nuestra capacidad de respuesta y reprobamos. Y las inundaciones en barrios de la capital o en las zonas rurales de Limón, Guanacaste, Cartago o Heredia, igualmente dan cuenta que nos falta mucho todavía por actuar ante las lecciones aprendidas y adelantarnos en prevención.
La capacidad de respuesta está pendiente y es tarea que puede comenzar bien con el nuevo gobierno que los costarricenses elijamos en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa en febrero próximo.